La consulta pública, o simplemente la consulta, es un proceso regulatorio mediante el cual se solicita la opinión del público sobre los asuntos que los afectan. Sus principales objetivos son mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación pública en proyectos o leyes y políticas a gran escala. Por lo general, implica la notificación (para publicitar el asunto a ser consultado), la consulta (un flujo bidireccional de información e intercambio de opiniones), así como la participación (que involucra a los grupos de interés en la redacción de políticas o leyes). Una herramienta de uso frecuente para comprender los diferentes niveles de participación comunitaria en la consulta se conoce como la escalera de Arnstein.
El proceso es típico de países de la Commonwealth como el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda o Australia, aunque la mayoría de los países democráticos tienen sistemas similares. En los Estados Unidos, por ejemplo, este proceso se llama «aviso público y comentarios» (ver Reglamentación). Algunas organizaciones como la OCDE también usan tales procesos. En Canadá, la palabra «consulta» tiene un significado especial entre algunos Grupos de Primeras Naciones: «es deber de la Corona y de terceros consultar con las Primeras Naciones que han afirmado, pero no han demostrado, los derechos o títulos de los aborígenes».
Hay gran variación de consultas públicas. En algunos países hay una lista de todas las consultas, o las consultas se mencionan en las noticias normales. Dependiendo del país puede haber consultas públicas nacionales o regionales.
Las consultas ineficaces se consideran consultas estéticas que se realizaron debido a una obligación o una demostración y no a una verdadera toma de decisiones participativa.